[ Escuela Ramón Barros Luco ]

Hacia finales del siglo XIX, en pos de la consolidación de la República y el Estado, así como de una determinada idea de Nación en las aulas, se institucionalizó la escuela primaria en Chile. Estos objetivos exigieron nada menos que la transformación de los hábitos de comportamiento de los estudiantes, para lo que la arquitectura de los establecimientos era una herramienta de gran utilidad. El cambio implicó tanto al tiempo como al espacio: por una parte, se dispuso de un tiempo escolar segmentado y secuencial y por otra, se construyeron nuevos edificios que buscaban albergar, para cada función, un espacio específico. En consecuencia, sólo a partir de finales del siglo XIX podemos hablar de una política nacional de construcción de escuelas. Hasta 1885, las escuelas, se ubicaban mayoritariamente en propiedades arrendadas a particulares. Se trataba de las antiguas casas de adobe y techo de tejas, que respondían más a una lógica habitacional que educativo-científica. Dicho de otro modo: la arquitectura no estaba respondiendo a las necesidades de fines pedagógicos considerados modernos. Hasta entonces no había servicios higiénicos (“lugares”) en el interior de las escuelas, los salones no tenían ventilación ni luminosidad y, en el contado caso de que tuvieran ventanas, daban a la calle y al ruido. Se ha indicado que por lo general, los edificios escolares monumentales se organizaban en torno a uno o más patios centrales, al mismo estilo de conventos, cuarteles militares y cárceles. Sin perjuicio de la visibilidad de la fachada, los edificios escolares tendían a cerrarse sobre sí mismos más que abrirse al entorno, lo que obviamente ocurría con más fuerza en los otros referidos tipos de edificios públicos. En este contexto se enmarca la construcción de las denominadas escuelas palacios. Construcciones realizadas por el Estado con capacidad para albergar a 600 alumnos que tuvieron su hito más relevante con la Ley de Edificaciones Escolares promulgada por el Congreso Nacional durante el gobierno de Juan Luis Sanfuentes en 1916. Dicho cuerpo legal autorizó al Presidente, por el término de tres años, para invertir hasta diez millones de pesos en la edificación de Escuelas Públicas, en sitios que fueran de propiedad del Estado. Dentro de estas construcciones destacan las escuelas Federico Errázuriz, Salvador Sanfuentes, José Manuel Balmaceda y José Joaquín Prieto, de Santiago; la escuela Germán Riesco, de La Serena; la Juan Luis Sanfuentes de Talca; la Bernardo O’higgins, de Viña del Mar; la Manuel Bulnes, de Concepción; la Ramón Barros Luco y la Pedro Montt de Valparaíso. La edificación de escuelas tuvo un auge posterior a la ley de 1916, a partir de tres ejes: mayor capacidad, mejor estilo arquitectónico y especialmente, por la generación de espacios especializados para la enseñanza. Con todo, estas mejoras de infraestructura fueron lentas y de desigual distribución, por lo que tendieron a concentrase en Santiago y Valparaíso.